Aunque el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, evitó atribuirse la convocatoria y liderazgo del paro indefinido en contra de Conga, su apoyo a esta medida fue más allá de discursos públicos. Notas de inteligencia de la policía a las que tuvo acceso este Diario dan cuenta del uso de vehículos y participación de trabajadores del gobierno regional en las manifestaciones realizadas desde el jueves pasado.
Aunque el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, evitó atribuirse la convocatoria y liderazgo del paro indefinido en contra de Conga, su apoyo a esta medida fue más allá de discursos públicos. Notas de inteligencia de la policía a las que tuvo acceso este Diario dan cuenta del uso de vehículos y participación de trabajadores del gobierno regional en las manifestaciones realizadas desde el jueves pasado.
El equipo de periodistas de El Comercio fue testigo, en los últimos días, de la participación del jefe de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca, Segundo Matta Colunche, en la organización de un mitin, asambleas y distribución de panfletos y boletines, con la firma del gobierno regional, que rechazan el proyecto Conga. Ello se evidencia en fotografías y videos que tiene este Diario.
Además, el 24 de noviembre pasado, para la movilización de grupos de comuneros y ronderos a la laguna El Perol, donde el presidente Santos encabezó una asamblea, se observaron por lo menos tres camionetas del gobierno regional que lo trasladaban a él y a grupos de manifestantes. Según el cable policial, “hubo un desplazamiento de 60 vehículos –entre camiones (20), combis y camionetas (40)–, dentro de los cuales se incluyen los tres vehículos del gobierno regional en los que el presidente regional se desplaza”. Santos niega que haya prestado vehículos públicos.
Aunque las protestas se desarrollaron hasta la fecha en forma controlada, la procuraduría del Ministerio del Interior denunció ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca a Gregorio Santos como principal responsable de posibles disturbios y daños a la propiedad pública que puedan generarse en este paro indefinido.
Pero, además, ¿es legal que Santos pueda disponer de trabajadores y logística del gobierno regional para apoyar la protesta contra el proyecto Conga? Según el penalista Luis Lamas Puccio, como funcionario público podría caer en el delito de abuso de autoridad y hasta peculado en uso por disponer de recursos públicos para expresar su apoyo a las protestas.
