El gobierno de Ollanta Humala quiere enviar de nuevo al banquillo a un grupo de militares que enfrentaron a las huestes terroristas del MRTA, las cuales mantuvieron cautivos a 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima hasta abril de 1997.

El gobierno de Ollanta Humala quiere enviar de nuevo al banquillo a un grupo de militares que enfrentaron a las huestes terroristas del MRTA, las cuales mantuvieron cautivos a 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima hasta abril de 1997.

Según revela el diario Correo, los actores de esta operación, que en algún momento fueron reconocidos como "héroes", pueden enfrentar un amargo episodio en sus vidas si se concreta la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dichos militares sean nuevamente procesados, pero esta vez en el fuero civil.

A pesar de que el tema se ha manejado bajo estricta confidencialidad en el seno del Ministerio de Justicia, Correo pudo conocer, a través de una sólida fuente de dicho sector, que en junio último la CIDH notificó al Estado peruano el informe de fondo sobre la demanda que planteó la ONG Aprodeh en contra de los comandos.

En dicho informe, clasificado por la propia CIDH como "reservado", se establece que "Chavín de Huántar es una operación en la que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas. Concretamente a tres terroristas".

Según la CIDH, "al ser una ejecución extrajudicial, los comandos deberían ser juzgados en el fuero común". Por tanto, en sus recomendaciones planteó que se indemnice íntegramente a los familiares de los terroristas y sancionar a los responsables en un proceso ordinario, es decir, a los comandos.

Con el ingreso del nuevo gobierno, Francisco Eguiguren asume la titularidad del Ministerio de Justicia (Minjus) y toma conocimiento del caso. Cuando el plazo de tres meses que otorga la CIDH venció en agosto, Eguiguren ordenó que se solicite la ampliación por un mes.

Para entonces -según nuestra fuente-, la respuesta a la CIDH ya había sido elaborada en conjunto por el Minjus, el Ministerio de Defensa y el Poder Judicial. Se rechazaría el informe de fondo de la CIDH y se pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de setiembre.

La estrategia aludía a que el Tribunal Militar en el 2004 es el que realizó el juicio para los comandos, luego de que la Corte Suprema determinara -en contienda de competencia- que "eso era una operación militar".

Todos. "Sin embargo, la CIDH dice que no, que esa contienda de competencia es fraudulenta, porque al ser una ejecución extrajudicial es lesa humanidad, es decir asesinato, y por lo tanto no sólo se debe procesar a los cinco que ahora están procesados sino a todos los comandos", explicó la fuente.

Para sustentar la estrategia del Estado, se destacó que en el enfrentamiento armado murieron dos comandos, un rehén, 16 terroristas y 25 comandos resultaron heridos, además de otros uniformados que terminaron discapacitados de por vida.

Otro argumento se basaba en que las armas que utilizaron los comandos se caracterizaba por ser de menor alcance que las del grupo emerretista.

Además, el grupo terrorista tenía "secuestrados", era un grupo militarizado porque contaba con un comandante, con identificación, con banderas, y sobre todo con una estructura militar que respondía a objetivos. "En consecuencia, tenía paridad o igualdad de situaciones", anotó la fuente.

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

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