La Comisión Investigadora de la venta de acciones de la empresa Petro-Tech, que preside el congresista Jhony Peralta (PAP), aprobó hoy su informe final, que entre sus principales conclusiones y recomendaciones, propone el antejuicio constitucional contra tres ex ministros de Energía y Minas y el proceso respectivo a varios funcionarios, así como exigir a esa empresa el pago de 480 millones de dólares por el perjuicio causado al Estado.
La Comisión Investigadora de la venta de acciones de la empresa Petro-Tech, que preside el congresista Jhony Peralta (PAP), aprobó hoy su informe final, que entre sus principales conclusiones y recomendaciones, propone el antejuicio constitucional contra tres ex ministros de Energía y Minas y el proceso respectivo a varios funcionarios, así como exigir a esa empresa el pago de 480 millones de dólares por el perjuicio causado al Estado.
Se informó que los ex ministros acusados de presuntas irregularidades en el contrato con la empresa Petro-Tech y sus operaciones son Jaime Quijandría, Jorge Chamot y Carlos Herrera. Se recomienda su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. También, están involucrados unos 25 funcionarios públicos y privados como Willian Kallop, Alberto Varillas Cueto, Rossi Gadea y Rafael Samaniego, entre otros.
Peralta dijo que la empresa Petro-Tech violó una serie de artículos del contrato como el hecho de haber creado una empresa procesadora de gas del Lote Z-2B. Además, no pagaba los impuestos que correspondía al Estado, mantenía en uso plataformas que eran patrimonio de Petro-Perú y no pagó las multas que le fueron aplicadas. Por ello, dijo que la cifra aproximada de perjuicios al Estado asciende a 480 millones de dólares.
La Comisión realizó su investigación en tres periodos entre los años 1992 al 2009 en el plazo exacto de 60 días útiles. En ese período realizó 32 sesiones reservadas, entrevistó a 66 personas y revisó más de 358 mil folios y cuatro mil archivos digitales que forman parte del informe final. Este será presentado esta tarde ante la Oficialía Mayor, para su debate posterior en el Pleno del Congreso.
En la conferencia de prensa también participaron los congresistas Aldo Estrada (UPP), Cecilia Chacón (GPF) y Wílder Ruiz (AN), integrantes de esa comisión, quienes expresaron su conformidad con las conclusiones y recomendaciones del informe final.
El congresista Estrada dijo que se debería renegociar el contrato para recuperar el perjuicio causado al Estado que pasa de los 480 millones de dólares. La legisladora Chacón señaló que se ha individualizado las responsabilidades de los funcionarios presuntamente involucrados en esas iregularidades.
Finalmente, el congresista Ruiz manifestó que el informe se basa en pruebas objetivas y parte de las cuales se encuentran en esos documentos, dijo, señalando un bloque de paquetes de documentos que fueron presentados en la conferencia de prensa realizada en la sala ‘Gustavo Mohme’ del Congreso.
