La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada había planeado entregar todo el material incautado en el caso de interceptación telefónica a la jueza María Martínez Gutiérrez, quien a través de una resolución ordenó paralizar las investigaciones y pidió que se le remitiera dicho material. El traslado estaba programado para ayer a las 8:30 a.m., pero finalmente no se realizó.
La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada había planeado entregar todo el material incautado en el caso de interceptación telefónica a la jueza María Martínez Gutiérrez, quien a través de una resolución ordenó paralizar las investigaciones y pidió que se le remitiera dicho material. El traslado estaba programado para ayer a las 8:30 a.m., pero finalmente no se realizó.
Para garantizar la seguridad de todo lo incautado y evitar cualquier pérdida se decidió que continuará en las oficinas del Ministerio Público hasta resolver la apelación presentada por la fiscalía para dejar sin efecto la cuestionada decisión de la jueza Martínez.
El temor que tenían el fiscal Walter Milla y su equipo a cargo de las pesquisas era que pudiesen perderse algunos de los elementos informáticos y electrónicos decomisados a los presuntos “chuponeadores”. Dicho material es clave, pues su contenido puede ayudar a identificar a quienes encargaron las interceptaciones telefónicas. Se sabe que las oficinas del Juzgado Penal 34 de Lima, que dirige la jueza Martínez, por limitaciones de infraestructura no sería el más adecuado ni ofrecería todas la garantías necesarias como las que dispone la fiscalía especializada.
El recurso de apelación será visto por una sala de la Corte Superior de Lima, la cual podría emitir su resolución en un par de semanas o un poco más, pues actualmente parte del Poder Judicial se encuentra de vacaciones.
El Comercio tuvo acceso a la apelación interpuesta por el fiscal Milla. En ella se recuerda que la jueza del Juzgado Penal 34 de Lima, asumiendo la dirección de la instrucción (investigación), autorizó a la fiscalía la continuación de la ejecución de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones y “más aun, dejó sin efecto otra resolución que pedía la remisión de las especies incautadas”.
Según Milla esa situación no significa que la jueza abdique al ejercicio de su funciones ni que se genere una investigación paralela como ahora sostiene la magistrada. La fiscalía dice que con las garantías determinadas por ley se informará a la jueza, como ya se viene realizando con las diligencias de visualización remitidas. Es decir, oportunamente se pondrá a su disposición la documentación y el contenido de la visualización y escucha de los audios relacionados al caso. Por esas razones, Milla espera que la resolución de la jueza sea revocada. Mientras tanto el material incautado continuará en poder del Ministerio Público.
