La Comisión Investigadora de los “petroaudios” solicitará al Pleno del Congreso que precise el ámbito de competencia de este grupo de trabajo, luego de haberse conocido un conjunto de hechos que estarían relacionados con la existencia de una red de corrupción que “va más allá” de la labor que realiza.
La Comisión Investigadora de los “petroaudios” solicitará al Pleno del Congreso que precise el ámbito de competencia de este grupo de trabajo, luego de haberse conocido un conjunto de hechos que estarían relacionados con la existencia de una red de corrupción que “va más allá” de la labor que realiza.
Al iniciarse la sesión del miércoles 5, el congresista Rafael Yamashiro (UN) propuso que la comisión elabore un informe preliminar sobre el trabajo realizado y la recopilación de pruebas y sobre la base de ello, solicitar la ampliación del ámbito de trabajo.
El congresista Carlos Raffo (GPF) dijo que era “fundamental reformular el trabajo” y que el petróleo solo era una línea de trabajo del empresario Fortunato Canaán, y son muchas las personas involucradas. Señaló que el tema que se investiga es amplio y complejo por lo que había que replantear el trabajo de la comisión.
Por su parte, el presidente de la comisión investigadora, Daniel Abugattás (GPN) afirmó que los “petroaudios” son solo un apéndice de una maquinaria y por lo tanto sería necesario la conformación de más grupos de trabajo para ver los posibles actos de corrupción y esferas comprometidas.
A su turno, Miguel Guevara Trelles (PAP) dijo que no se podía pedir ampliación del tema si antes no lo aprobaba la Junta Directiva y el Pleno del Congreso. Luego se podría ampliar el plazo (de 60 días) otorgado a la comisión.
Luego, con cargo a redacción, la comisión acordó que planteará a la Mesa Directiva – para su aprobación por el Pleno- la precisión de su ámbito de trabajo dado los hallazgos habidos en la investigación y el material alcanzado por el Tercer Juzgado Anticorrupción.
Nuevos convocados
La Comisión Investigadora citó a su sesión de hoy a Lidia Casuso Cubas, sobrina del ex diputado y principal implicado en el caso que se investiga, Rómulo León Alegría.
Ella fue comprometida por León Alegría para que cobrase cinco cheques firmados por éste, dos a nombre de ella y otros tres a nombre de la secretaria del ex congresista, Paola Copara (que luego le fueron endosados a Lidia Casuso) por un total de 57,300 dólares.
Lidia explicó que el 6 de octubre, alrededor de las 10:30 de la mañana, recibió una llamada telefónica de Rómulo León hijo solicitándole un favor: cobrar dos cheques girados a su nombre en la agencia del Banco Continental de la Avenida Larco, y dos a nombre de Paola Copara. El dinero, en efectivo y dentro de un sobre, le fue entregado al chofer de León Romero previa coordinación telefónica.
Ella dijo en la comisión que no conocía del escándalo que se inició la noche anterior cuando se hizo público el audio donde León Alegría negociaba la concesión de cinco lotes petroleros.
Según Lidia Casuso, ella estuvo trabajando en la noche del domingo como organizadora de eventos y no sospechó nada raro en la solicitud. Simplemente la “agarraron en su cuarto de hora”.
Informó no se frecuentaba con su tío y que solo se comunicaban por teléfono de vez en cuando, pero no le sorprendió que le solicitaron el favor. Dijo que no tiene contacto laboral con León Alegría, que no conocía en qué trabajaba ni que estuviera implicado en el escándalo del negociado de los concesiones hasta que se informó a través de los medios de comunicación.
Momentos después se presentó ante la comisión investigadora el abogado y ex procurador anticorrupción José Ugaz Sánchez Moreno. Respondiendo a las preguntas y repreguntas de los congresistas de la comisión, y en algún momento en un intercambio áspero de palabras con Carlos Raffo, Ugaz Sánchez Moreno, explicó que su relación con el ex ministro Fernando Rospigliosi fue la de asesor legal ad honorem, y que se encargó de elaborar la denuncia penal luego de haber escuchado el contenido de los “petroaudios” y entregarlos el 6 de octubre, al día siguiente de su difusión, a la Fiscalía.
El abogado penalista negó que haya estado interesado en la difusión de los audios o en su distribución “en paquetes” a diversos medios de comunicación, como señalaron lo afirmaron tres medios de información. Dijo que la decisión de hacer público su contenido en el programa periodístico “Cuarto Poder” fue de su directora Laura Puertas y de Rospigliosi. Ambos examinaron el contenido de los cuatro audios (y tres correos) para que las partes más importantes, en términos periodísticos, fuera dados a conocer.
José Ugaz dijo en otro momento, que no le correspondía decidir ni coordinar sobre el material periodístico y que únicamente se dedicó a darle forma legal a la denuncia y advertir de las implicaciones penales de su contenido.
El abogado comentaría luego que PetroTech fue cliente del Estudio Benítez-Forno-Ugaz, en el año 2001, pero no en materia penal (la que es su especialidad), sino en materia civil en una controversia contractual con Empresa Eléctrica Piura sobre el paso de gas.
