Aunque parezca increible, el 41% de los procesos judiciales sobre violencia sexual contra menores de edad concluye con el archivo definitivo de los casos, mientras el 56% con sentencias y de éstas el 36% son absolutorias. Sólo el 20% son condenatorias. Vaya, más golpes, aunque esta vez por parte del sistema judicial, una cachetada del Estado contra las víctimas que con valentía deciden salir al frente a denunciar.

El estudio denominado "Aplicación de la Justicia Penal en casos de violencia sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes en el Perú", de la Defensoría del Pueblo, da cuenta que en más de la mitad de las condenas, las reparaciones civiles no superan los mil soles.
En el colmo de los hechos, un grupo importante de estas reparaciones dictadas por las autoridades judiciales no llega ni siquiera a 500 soles. Risible resulta que sólo en 6 casos la reparación bordeó los 4 mil.

Pero no sólo eso, según el informe el 42,9% de expedientes duró 3 veces más del plazo legal que es de 238 días, el 89% de víctimas no contó con asistencia legal en la declaración policial; y las medidas de protección al menor escasean. Tal vez, ello explica porque muchas víctimas repiensan si vale la pena denunciar. Estos datos no pretenden aumentar la impunidad y hacernos de la vista gorda, sino que el Gobierno reaccione, resuelva los casos y castigue a los culpables desde los tres niveles del Estado.

Si bien esta demanda tiene muchos años y a simple vista se puede deducir que no ha tenido eco, o las acciones no han sido suficientes; urge que el Congreso modifique el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, a fin que en el desarrollo de la declaración policial de los menores se sustituya el fiscal provincial de familia por el fiscal provincial penal para que fortalecer la investigación, además asegurar no solo el castigo sino la reparación del daño. Además, de brindar todo el apoyo psicológico y en materia de salud a las víctimas que posiblemente presentarán trastornos el resto de su vida.

No se puede permitir que -a pesar de las leyes, a pesar de todo el esfuerzo y el discurso para proteger a los nuestros niños- se actúe lentamente cuando en este  momento probablemente crece la estadística en algún punto del país. En nuestro país, el informe defensorial, revela que el 70% de víctimas son mujeres entre 10 y 18 años, mientras que los denunciados varones suman el 99%. Ojo que el 63% de víctimas tenía una relación previa con el victimario, pues eran vecinos, enamorados, amigos o parientes.

Ya es hora que el Poder Judicial establezca juzgados y salas especializadas, e inste a sus jueces que las reparaciones civiles sean acordes con la gravedad del delito. No a la impunidad.

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